Durante el II Congreso Nacional de Acogimiento Familiar "El interés superior del niño", celebrado desde este jueves en Madrid, ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, compuesta por más de una decena de asociaciones de acogida de todo el territorio nacional, ha reivindicado el establecimiento de una prestación básica para los menores acogidos, de la que las Comunidades Autónomas puedan partir, y que acabe con las desigualdades territoriales que se viven en la actualidad.
Y es que según ha explicado la presidenta de la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid y miembro de ASEAF, Elvira Perona, "existe una gran variabilidad en la gestión del acogimiento familiar según las Comunidades".
Así, ha explicado que ASEAF está trabajando en un proyecto para recopilar datos sobre los recursos de los que disponen las familias acogedoras en cada Comunidad Autónoma, (ya que no los había hasta ahora), para hacer un análisis comparativo. Así, aunque ha informado de que aún no se tienen datos de todas las autonomías, ha asegurado que "ya se puede extraer la conclusión de que existe una gran disparidad". "Mientras en unas Comunidades las familias reciben ayudas para el apoyo o el material escolar, para determinados tratamientos sanitarios, etc. en otras no", ha asegurado.
En este sentido, Luis Carlos Chana, responsable de Infancia en Dificultad Social de Cruz Roja, entidad que trabaja desde hace 26 en programas de acogimiento familias, ha definido esta figura de protección del menor como "un acto de cooperación social".
Así, ha explicado que mientras "la ciudadanía ofrece sus hogares a los menores y el Estado debe ser el garante de este servicio a través de la derivación de competencias a las Comunidades Autónomas". Sin embargo, según ha lamentado, "no se puede entender como hay CCAA que supeditan el apoyo económico a los acogedores de familia ajena y en función de su renta" por lo que ha defendido la necesidad de una inversión en políticos públicas "para que esto no resulte gravosos económicamente a los acogedores".
Además, ha explicado que "la nueva legislación solo va a poder desarrollarse si se dota de soportes técnicos y de recursos a través de ayudas a las familias".
En este sentido, David Córdova, socio fundador y director de Vinces, ha recordado que la Administración destina unas 10 veces más al acogimiento residencial que al familiar. De hecho, el 91% de los recursos destinados al acogimiento, van al residencial, y solo el 9% al familiar.
Consecuencias en el desarrollo del niño del acogimiento residencial
Pese a estas cifras, los expertos reunidos en este encuentro nacional han coincido en la necesidad de fomentar el acogimiento familiar frente al residencial, ya que los centros residenciales no pueden cubrir todas las necesidades de los menores.
En este sentido, el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, ha informado de que los niños que entran en centros generan un índice de problemas mayor que los acogidos por una familia. Así, ha añadido que "tenemos suficientes argumentos para asegurar que los centros de internamiento no satisfacen todas las necesidades de los menores, fundamentalmente de tipo social, emocional o relacional".
Por este motivo, ha explicado que, además, "los niños que crecen en centros residenciales sufren procesos de recuperación más largos que los niños que viven en una familia".
Y es que según ha recordado, estos menores vienen de situaciones problemáticas, donde ha predominado la adversidad, por lo que necesitan un ambiente estable y "reparador y terapéutico que debe de ser el familiar, en el que haya quien viva entregado a ellos, quien les enseñe a regular su conducta, sus emociones"
Sin embargo, y pese a que la nueva Ley de protección de la infancia y la adolescencia establece que ningún menor de 3 años debe crecer en centros residenciales, Palacios ha informado de que "España es uno de los países europeos donde más menores de 3 años viven en residencias".
Adopción abierta
Por otra parte, durante su intervención, el psicólogo del servicio arloi-adoptia, del equipo Agintzari, Javier Jesús Mújica, ha explicado una de las principales novedades que introduce la nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, la adopción abierta.
En este sentido, Mujica ha informado de que "La adopción abierta es una adopción que permite el contactos con personas del pasado del niño, como hermanos o como padres acogedores y una modalidad protectora donde los vínculos referenciales se buscan con la familia adoptiva", ha informado. "Es un proceso complicado y nada homogéneo, donde las familias biológicas deberán estar en un proceso de adopción abierta para dar respuesta a todas las demandas del niño, y no al revés", ha añadido.
Sin embargo, ha señalado que "generar una apertura realista, proporcionada, posible, diversa y flexible requiere de recursos que en la actualidad no tenemos".