La Ley de Dependencia fue aprobada en diciembre del 2006 y garantiza los derechos de los ciudadanos españoles que se encuentran en situación de dependencia y no pueden valerse por sí mismos. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Dependencia podrán acceder a los recursos y prestaciones que hayan establecido el Estado y las comunidades autónomas para su apoyo y cuidado.
La Ley de Dependencia define en su artículo 2 la autonomía personal como la "capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria"; y, como dependencia, "el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal".
Serán los organismos competentes de cada comunidad autónoma los encargados de aplicar un baremo de medición oficial y común para todo el estado que evalúe el grado de dependencia de los pacientes para conseguir un reparto equitativo y justo de las prestaciones.
Para ello, se distinguen tres grados de dependencia. Al primer grado de dependencia o dependencia moderada pertenecen aquellas personas que requieren ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o que necesitan de ayuda intermitente o limitada para mantener su autonomía personal. En el segundo grado de dependencia o dependencia severa se incluyen los casos que necesitan de ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que no requieren el apoyo permanente de un cuidador, o las personas que necesitan mucha ayuda para mantener su autonomía personal. Finalmente, el tercer grado de dependencia o o gran dependencia se atribuye a las personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o bien es el caso de las personas que tienen necesidad de ayuda total para mantener su autonomía personal.
La Ley de Dependencia define, así, un nuevo derecho de los ciudadanos que pretende garantizar la atención de las personas en situación de dependencia o discapacidad. La Ley considera un derecho el acceso en igualdad a los elementos esenciales para la vida autónoma y considera este derecho inseparable de la propia dignidad de las personas.
Todas las personas mayores o con discapacidad, que no puedan valerse por sí mismas, deberán ser atendidas por las Administraciones Publicas, garantizándoles el acceso a los servicios sociales públicos y a las prestaciones económicas que más se ajusten a sus necesidades.
Implantación desigual
Sin embargo, la implantación de la Ley está siendo lenta y progresiva, siendo necesario que las Comunidades Autónomas dispongan las medidas económicas necesarias para el completo cumplimiento de la ley. Toda la información necesario está disponible en la página del Inserso .
Las personas dependientes, a su vez, tienen derecho a reclamar a los poderes públicos ser reconocidas como tales y deben exigir su evaluación para determinar su grado de dependencia.
