La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha realizado este miércoles concentraciones en 37 ciudades de 15 comunidades autónomas para reivindicar que se garantice la accesibilidad de todos los edificios de viviendas. En Madrid, la concentración se ha celebrado en una cárcel simulada, situada frente al Congreso de los Diputados para reclamar que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal.
"Mi casa no es mi cárcel" es el lema con el que COCEMFE y sus entidades han dado a conocer la campaña "#Arrestópolis", en referencia a aquellos edificios donde la falta de accesibilidad obliga a las personas con discapacidad a permanecer encerradas en su propia casa en contra de su voluntad. La campaña ha sido presentada por el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, y la directora gerente de COCEMFE, Elena Antelo.
La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que se solicita con esta campaña afecta a la limitación económica existente, que limita a 12 mensualidades de gastos de la comunidad la obligatoriedad a la hora de realizar las reformas de accesibilidad. Solicitan que la ley establezca el mismo mecanismo que el de otras reformas ineludibles que afrontan las comunidades vecinales, como las derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad del edificio.
El presidente ha destacado que "en España menos de un 1% de los edificios son plenamente accesibles y 6 de cada 10 no permiten el acceso de la calle al portal". Además, Queiruga ha señalado que "la falta de accesibilidad a los edificios de viviendas está provocando que personas con discapacidad no puedan salir de sus propias casas por no disponer de un ascensor o una rampa".
En el acto se han solicitado ayudas específicas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ya que actualmente solo el 10% de los edificios que realizan estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo. Además, han participado dos mujeres con movilidad reducida, Alicia Resino y Nuria Rodríguez, para dar testimonio de las dificultades que tienen para desarrollar una vida normalizada por la falta de accesibilidad en sus edificios de viviendas.
También han participado representantes de algunas entidades que forman la Confederación: Javier Font, presidente de FAMMA COCEMFE Madrid; Leopoldo Cabrera, presidente de la Federación Española de Párkinson; Antonio Ignacio Torralba, presidente de ConArtritis; Virginia González, técnica del programa de fortalecimiento de FEBHI (Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia); Eva Pérez, presidenta de FNETH (Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos); María López Matallana, vicepresidenta de CONFESQ (Coalición Nacional de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad), y Tomás Atienza, delegado en Madrid de Andade (Asociación Nacional de Amputados de España).
El 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo legal para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran plenamente accesibles. Sobre este tema, el presidente ha pedido que las diferentes administraciones, en el ámbito de sus competencias, "den una respuesta satisfactoria a esta problemática y agilicen todos los trámites legales y administrativos necesarios, para que los edificios sean accesibles y que toda la ciudadanía respete los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica y colabore en su ejercicio efectivo".
"Se nos está privando de libertad sin haber cometido ningún delito", ha hecho hincapié Queiruga. También ha remarcado que "un edificio accesible es un edificio para todas las personas" y que "realizar las obras necesarias para garantizar la accesibilidad es una inversión justa, y necesaria, puesto que, al fin y al cabo, nadie sabe si en algún momento de su vida va a necesitar estas adaptaciones".
El movimiento asociativo de las personas con discapacidad física y orgánica asegura que para vivir con autonomía y plena participación social es imprescindible la libertad de movimientos. El presidente ha querido recordar que "la vivienda digna y el derecho a la libertad de movimientos son imprescindibles para que en nuestro grupo social podamos diseñar nuestro propio modelo de vida".
Además, entre las propuestas realizadas, figura que se prioricen las reformas integrales y la instalación de ascensores o rampas siempre que sea posible, en vez de optar por aquellas actuaciones que facilitan la movilidad, pero requieren más mantenimiento o la intervención de terceras personas, como pueden ser un elevador o un salvaescaleras.
Con la campaña "#Arrestópolis" se busca la colaboración de todos los actores implicados para encontrar en cada caso la mejor solución de accesibilidad. Aseguran que estas medidas son fundamentales para conseguir edificios para todas las personas, garantizar los derechos de las personas con discapacidad y avanzar hacia la autonomía personal para alcanzar una vida independiente.