El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha recabado este jueves el compromiso de todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados para apoyar la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) contra los actuales criterios de copago en materia de autonomía personal y atención a la dependencia, que llegan a ser en algunos casos de carácter "confiscatorio". La iniciativa popular logró cerca de 740.000 firmas de la ciudadanía española.
El apoyo de las diferentes formaciones políticas se ha puesto de manifiesto durante la comparecencia del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quien compareció en esta comisión el 27 de abril de 2016 para realizar esta misma petición a los diferentes partidos. En aquella ocasión, también expresaron su intención de apoyar la toma en consideración de la iniciativa popular, aunque finalmente este hecho no llegó a producirse a consecuencia de la disolución de las Cortes por la repetición de las elecciones generales.
Durante su intervención, Pérez Bueno ha agradecido a todas las entidades y personas que han firmado y contribuido a desarrollar con éxito la iniciativa y ha destacado que "se trata de la primera vez que en casi 40 años de vigencia de la Constitución española llega a este Parlamento una ILP sobre cuestiones estrictamente sociales, y hemos de congratularnos por ello. Aunque sea por esta razón, debería merecer el respaldo de esta Cámara la toma en consideración de esta ILP".
El máximo representante del CERMI ha recordado el papel activo que tuvo la entidad durante el proceso de aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, hace ya más de una década. En su opinión, la creación de la denominada ‘cuarta pata del estado del bienestar' fue algo muy positivo, pero "no logramos apoyo político para que esta nueva arquitectura de protección social fuera gratuita, sin coste para la persona usuaria, y transigimos con el copago, como mal menor y necesario para el lanzamiento y puesta en marcha del sistema, siempre que se regulara reglamentariamente en condiciones aceptables".
A su juicio, los actuales criterios de copago expulsan a muchas personas beneficiarias del sistema por no poder afrontar los gastos; permite grandes diferencias entre comunidades autónomas, existiendo territorios en los que el coste es cero y otros en que llega al 90% de la cuantía total del servicio, y perjudica a las personas con discapacidad que generan ingresos propios.
Ante este escenario, el presidente de la plataforma representativa de la discapacidad en España ha explicado que la ILP plantea establecer un copago máximo del 60% para la persona beneficiaria, dejando libertad a las regiones que deseen establecer porcentajes inferiores, y eximir de cualquier gasto a quienes posean una renta inferior a 2,5 veces el IPREM (1.331 euros). Además, ha asegurado que es necesario tener en cuenta la variable de si la situación de dependencia ha sido adquirida o es de nacimiento, porque en este segundo caso la persona en situación de dependencia no ha podido tener ingresos propios y afrontará los gastos durante muchos más años.
"Las personas que precisan de apoyos intensos para su autonomía, las personas con discapacidad y mayores, y sus familias, hemos estado históricamente silenciados, invisibilizados, no hemos formado parte central ni hemos tenido acceso fácil y fluido a la agenda política y legislativa en la posición que merecemos", ha señalado Pérez Bueno, que ha concluido su intervención manifestando que el texto podrá ser mejorado durante su tramitación parlamentaria, para lo que es necesario que en primer lugar se dé luz verde a su toma en consideración.
Apoyo de los grupos
Tras la comparecencia del presidente del CERMI, todos los portavoces parlamentarios confirmaron que facilitarán que empiece a tramitarse la ILP, independientemente de las enmiendas que se discutan durante su recorrido parlamentario. Además, han felicitado al CERMI como entidad impulsora de una iniciativa popular con tanto respaldo social.
Por parte del PP, Carmen Navarro ha anunciado el voto afirmativo del Grupo Popular, y ha pedido que durante el proceso de revisión de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia se escuche el criterio de su partido, "porque hemos gestionado la materia con rigor y ahora queremos seguir trabajando con consenso y de la mano de las comunidades autónomas". Asimismo, ha denunciado que al llegar al Gobierno en 2011 encontraron la Ley con enormes desequilibrios, mientras que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha logrado reducir la lista de espera a la mitad.
Desde el Grupo Socialista, su portavoz en la Comisión, Elvira Ramón, ha recordado que con la aprobación del Sistema de Dependencia "sacamos del cajón de la beneficencia unos servicios para convertirlos en derechos", y ha criticado que "con la llegada del PP al Gobierno retrocedimos todo lo avanzado", denunciando que, a su juicio, los criterios actuales de copago son "injustos" y "generan enormes desigualdades territoriales".
En esta línea, la diputada de Unidos Podemos Ana Belén Terrón ha señalado que "el copago no deja de ser repago" y ha añadido que "una persona no debería volver a pagar por los servicios que les ofrece el Estado".
Mientras, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Francisco Igea, ha pedido a todos los partidos que se trabaje con responsabilidad, y ha subrayado que "los derechos no son de los territorios, sino de las personas".
Por parte de ERC, Joan Olòriz ha expresado su deseo de que cuando comience el trámite de la ILP se prime la mejora del estado del bienestar frente a "criterios economicistas" como la atención de la deuda. "En su día, nosotros votamos a favor de esta Ley porque pensábamos que era mejor una ley imperfecta que una no ley, pero nunca pensamos que pasarían diez años sin que el sistema fuera revisado".
Por último, Carles Campuzano del PDECat ha afirmado que en la práctica se ha hecho recaer buena parte del coste en las comunidades autónomas y en los ciudadanos, quienes "si se hubieran hecho las cosas bien hubieran tenido que afrontar menos niveles de copago".