Organizaciones piden a la ministra que reduzca el precio de los medicamentos que salvan vidas

Representantes de profesionales sanitarios, organizaciones de consumidores, colegios profesionales, ONG y asociaciones científico-profesionales se unen en una petición de recogida de firmas
Se lanza en una semana clave en la que el Parlamento Europeo se ha posicionado en contra de esta insostenible la política de altos precios
Denuncian que el sistema sanitario no va a poder seguir sosteniendo el pago de los medicamentos para enfermedades como el cáncer o la hepatitis C, a precios tan elevados

Hoy muchos de los medicamentos que llegan al mercado, como los nuevos tratamientos contra el cáncer o contra la Hepatitis C, alcanzan precios exorbitantes e injustificados, que han convertido a la enfermedad en un negocio rentable. Nuestra cobertura sanitaria pública no va a poder seguir sosteniendo la financiación de fármacos a estos precios tan altos, que sin embargo son necesarios para miles de personas enfermas.

Por eso las campañas No Es Sano y El Precio de la Vida se han unido para recordarle a la ministra de Sanidad que, cuando se trata de salud, no puede ser el mercado quien marque las condiciones del juego. En concreto, le piden que use todos los medios jurídicos y políticos a su alcance para que disminuya drásticamente el precio de los fármacos innovadores y que introduzca medidas de transparencia en todo el proceso de financiación de la I+D médica. Asimismo, le recuerdan que los Presupuestos Generales del Estado no están en situación de asumir ilimitadamente la financiación de estos tratamientos al coste al que obligan a adquirirlos las farmacéuticas. Estas peticiones se recogen en una carta on-line (http://noessano.org/es/el-precio-de-la-vida/) que se pedirá firmar a la ciudadanía.

Se trata de una cuestión de mucho alcance: asegurar la sostenibilidad económica y la eficiencia del sistema público de salud español, clave para disfrutar de un verdadero estado del bienestar. Dentro del gasto sanitario español la mayor proporción es la destinada a gasto farmacéutico (hospitalario y de receta), una partida que se ha incrementado notablemente desde 2012. La paradoja es que mientras las políticas de austeridad han conllevado una reducción importante del gasto sanitario público, el gasto farmacéutico ha seguido experimentando un importante incremento.

Una de las experiencias más recientes, como ha sido la Hepatitis C, ha puesto de manifiesto que los altísimos precios de estos tratamientos novedosos estaban forzando a las administraciones o bien a limitar el número de pacientes que podían recibirlos a aquellos que se encontraban en fases muy avanzadas de la enfermedad, o bien a dedicar ingentes cantidades de sus presupuestos a satisfacer las demandas económicas de las farmacéuticas; algo que no debe volver a repetirse.

El Parlamento Europeo apoya la denuncia de las organizaciones sociales

La petición se lanza en una semana clave en la que el Parlamento Europeo reconoce que es insostenible la política de altos precios y que toda inversión publica en I+D debe conllevar un retorno a la sociedad. En ese sentido, contempla la necesidad de compartir los datos y los resultados de las investigaciones financiadas con dinero público y de conocer al detalle la configuración de los precios de los medicamentos. Esta posición europarlamentaria coincide plenamente con los planteamientos promovidos en los últimos años por las organizaciones de la sociedad civil europea y con las organizaciones promotoras de las dos campañas.

Ahora los gobiernos nacionales, y en concreto el español, deben dar un paso adelante y asumir como propias las recomendaciones del Parlamento y de otros procesos como el Panel de Alto de Naciones Unidas sobre Innovación y Acceso a Medicamentos.

La convergencia de campañas

Las campañas No es Sano y El Precio de la Vida comparten como objetivo promover una verdadera apuesta por transformar el sistema de fijación de precios de los medicamentos que curan, para anteponer siempre el criterio de bien público y de derecho humano universal a la salud. Apuestan por un modelo donde el Estado asuma su responsabilidad de proteger los intereses públicos por encima de los industriales, con la introducción de una mayor transparencia en torno al gasto en investigación médica; y la construcción de un modelo alternativo a las patentes para incentivar la investigación y desarrollo de tratamientos verdaderamente innovadores.

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