Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia mundial por COVID-19, la vida de la ciudadanía ha cambiado profundamente. Uno de los motivos es la incorporación a nuestra vida diaria de medidas de higiene obligatorias, distanciamiento social, restricciones de la movilidad, cierre temporal de fronteras y el cese de actividades productivas no básicas. Además, todo esto se da en una situación de control policial y de limitación de libertades públicas sin precedentes en nuestra democracia.
En el caso de las medidas de prevención, especialmente las relacionadas con confinamiento, varios especialistas destacan las consecuencias para la salud derivadas de la inactividad física o del aislamiento social. A pesar de que estas consecuencias afectan a toda la población, la comunidad científica y los agentes sociales estamos alertando sobre la grave situación de las personas sin hogar con problemas de salud mental y adicciones, lo que se conoce como patología dual, como ha advertido Médicos del Mundo.
A este respecto, las personas sin hogar, además de tener una menor esperanza de vida y ser más vulnerables a los problemas derivados de la patología dual, tienen también mayor riesgo de enfermedad e incluso de fallecimiento si desarrollan el virus. Una sencilla medida como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, para evitar el contagio, se convierte en una meta difícil de alcanzar para ellas. Además, sin soluciones urgentes y adaptadas, estas personas pueden quedarse en una especie de limbo de desatención.
Otros factores agravantes son las barreras de acceso a recursos, las dificultades para recibir información veraz sobre la enfermedad COVID-19, el aumento del consumo de drogas debido a la ansiedad o la depresión, la interrupción brusca tanto de ese consumo como de las alternativas terapéuticas (metadona) o la interrupción de los tratamiento psicológicos o farmacológicos provocado por el colapso sanitario.
El impacto en las personas
A pesar de los esfuerzos de los recursos públicos, muchas personas no han podido sostener la convivencia en los centros habilitados o han optado por continuar en la calle, en la mayoría de casos, por miedo al contagio de la COVID-19.
La evidencia empírica demuestra cómo algunas de estas personas que se han quedado en la calle, en asentamientos o casas ocupadas, confinadas y aisladas, sin recursos económicos ni posibilidad de desplazamiento para conseguir material de consumo, han entrado en un síndrome de abstinencia forzoso.
Algunas de ellas tuvieron la capacidad de reacción al inicio del confinamiento y acudieron de forma voluntaria a las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) y Unidades de Alcohología (UA) para solicitar tratamientos de desintoxicación y deshabituación. Pero otras muchas han estado sufriendo las consecuencias de la abstinencia con todos los riesgos para la salud que supone pasar este síndrome sin ningún apoyo.