El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que 2018 ha sido un año en el que las cuestiones sobre discapacidad han adquirido una mayor visibilidad e importancia en la agenda pública, materializándose logros como la reforma de la ley electoral para otorgar el derecho al voto de las 100.000 personas con discapacidad que estaban privadas del mismo.
El CERMI realiza esta valoración coincidiendo con la celebración este lunes del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, a pocas semanas de que concluya el ejercicio 2018, que sin duda, ha sido mucho más fructífero para las personas con discapacidad y sus familias, pese a la inestabilidad política y volatilidad institucional.
El hecho más relevante políticamente hablando es la reforma de la ley electoral, que a falta de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hará que la democracia llegue por completo a todas las personas con discapacidad 40 años después de la aprobación de la Constitución Española.
Otro hecho muy positivo es que la revolución visible e incontenible que se ha visto en las calles de todo el país se está extendiendo también a las mujeres y niñas con discapacidad, haciendo cada vez más visibles sus enormes dificultades, violaciones de derechos y exclusiones, como la violencia, abusos o la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales.
El desbloqueo de la iniciativa legislativa popular (ILP) del CERMI contra el actual copago en dependencia y la tramitación de la eliminación de peajes para personas con movilidad reducida son otros hitos que deja 2018 en materia de discapacidad
Asignaturas pendientes
A pesar de todos estos avances, la plataforma representativa de la discapacidad en España destaca que sigue habiendo vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad sobre las que reforzará su labor de incidencia política para revertir esta situación.
Entre estas cuestiones, destacan las carencias en materia de accesibilidad universal, sobre todo teniendo en cuenta que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles. Además, recuerda que se debe modificar la Ley de Propiedad Horizontal para acabar con barreras arquitectónicas que impiden poder entrar y salir libremente a personas con movilidad reducida de sus domicilios cuando las comunidades de vecinos se niegan a hacer las reformas.
Por otro lado, lamenta que siga vigente en el Código Penal la posibilidad de practicar esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad, una práctica que sufren principalmente las mujeres y niñas con discapacidad. Ante esta situación, se recuerda que la esterilización forzosa choca frontalmente con los mandatos del artículo 23 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consagra el derecho a que "las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás".
Por último, la entidad advierte de la necesidad de seguir progresando en ámbitos como la inclusión laboral o educativa. Precisamente, 2018 ha sido el año en el que España fue condenada por la ONU por no garantizar el derecho a la educación inclusiva de todo el alumnado con discapacidad.