Ante el cierre sin previo aviso de clínicas dentales

El Consejo de Dentistas de España recuerda a los ciudadanos los derechos de los pacientes odontológicos

En caso de reclamación, el paciente debe contactar con el Colegio de Dentistas u organizaciones de consumidores y usuarios de su demarcación territorial.
La Organización Colegial de Dentistas aboga por servicios sanitarios de calidad y una buena práctica profesional.

Ante el reciente cierre de las clínicas de la cadena Funnydent, que deja a un determinado número de pacientes odontológicos con tratamientos inacabados con graves consecuencias para su salud, el Consejo General de Dentistas de España recuerda a los ciudadanos que, en caso de que sientan sus derechos vulnerados, deben contactar con el Colegio Oficial de Dentistas y organizaciones de consumidores y usuarios de su demarcación territorial para informarse de sus derechos y activar las acciones legales oportunas. En el caso de los trabajadores de Funnydent, igualmente pueden contactar con los Colegios Profesionales para recibir información de los derechos que les asisten.

El Consejo de Dentistas de España considera que la principal obligación del dentista es velar por la salud del paciente, que está por encima de cualquier otro interés. Cuando se lleva a cabo el cierre repentino de clínicas, los Colegios Profesionales pueden asesorar tanto a los pacientes como a los profesionales sobre los derechos que les asisten y las acciones legales a tomar ante esta situación. Igualmente pueden acudir a las asociaciones de consumidores y usuarios para solicitar asesoramiento. Además, en el caso de tratamientos que hayan sido financiados total o parcialmente, y que no hayan finalizado, los afectados deberán informarse sobre las actuaciones a seguir dado que la Ley de Créditos al Consumo prevé estas situaciones para garantizar sus derechos.

El Consejo General de Dentistas recuerda que la libre elección del profesional es un derecho de los pacientes y aboga por una mayor regulación de la publicidad sanitaria para evitar que los ciudadanos reciban información inapropiada que pueda ocasionarle falsas expectativas y les induzca a error en la toma de decisiones. 

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