El Defensor del Pueblo ha presentado el estudio "La situación de las personas con enfermedad celiaca en España" que dirige 22 recomendaciones a 59 organismos de las administraciones estatal y autonómica para mejorar la vida de las personas que sufren esta enfermedad crónica cuyo único tratamiento posible es seguir una dieta sin gluten.
El objetivo del estudio es animar a la investigación de la enfermedad, divulgar la importancia de los diagnósticos, la necesidad de la especialización médica, dar a conocer las necesidades y los costes en productos alimenticios de estas personas, y, en muchos casos, las dificultades a las que se enfrentan para seguir su dieta.
La Institución ha pedido garantizar el acceso a los alimentos sin gluten en condiciones de seguridad. Así, ha recomendado políticas de apoyo a las empresas de hostelería y restauración para que ofrezcan menús adaptados a las necesidades de las personas con enfermedad celiaca o con otras alergias e intolerancias alimentarias.
También ha propuesto que se intensifiquen las campañas de control e inspección de las declaraciones obligatorias sobre la presencia de productos y sustancias alérgenas o que producen intolerancias alimentarias.
El Defensor del Pueblo ha instado al Ministerio de Sanidad a definir un marco de prestaciones sociosanitarias para las personas con enfermedad celiaca y ha pedido a las Comunidades Autónomas que coordinen medidas de compensación para aquellos pacientes cuyo tratamiento integral supone un incremento de costes económicos.
La institución también considera necesario estudiar deducciones fiscales para compensar las exigencias económicas asociadas a la celiaquía.
Para elaborar el estudio, el Defensor del Pueblo divulgó un cuestionario a través de su página web que fue contestado por 12.059 personas. En esta encuesta, los participantes explicaron cómo y cuándo les fue diagnosticada la celiaquía, qué problemas cotidianos les plantea, cuánto se encarece su alimentación, si pueden o no pueden encontrar los alimentos convenientes y otras cuestiones que muestran las inquietudes y dificultades de estas personas.
Además, el Defensor del Pueblo requirió información a las administraciones y organizó jornadas con asociaciones de pacientes, sociedades científicas y empresas del sector de la alimentación para profundizar en las cuestiones planteadas por los ciudadanos y en la búsqueda de soluciones a sus problemas.