Que se reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados, se asuman responsabilidades y se proceda a su compensación con una partida económica inmediata, al igual que ha ocurrido con los afectados de Hepatitis C. Esta es una de las conclusiones de la Jornada sobre la "Realidad de los afectados de talidomida en España", organizada por la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (AVITE) y la Organización Médica Colegial (OMC).
En la Jornada, varios afectados por la talidomida, ofrecieron su testimonio vital como colectivo que lleva más de 50 años esperando ser compensado por los graves efectos y malformaciones sufridas a consecuencia de este fármaco. En la misma, expertos analizaron la realidad de este colectivo, discapacitado, olvidado y desprotegido y políticos de diversos partidos (PSOE, PP, Ciudadanos e IU) hablaron de la necesidad y responsabilidad de compensar y ayudar a las víctimas. La gran ausente fue la farmacéutica alemana Grünenthal, empresa que fabricó y comercializó el fármaco, que declinó la invitación de participar en la misma.
El presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodriguez Sendin, y el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea Estella, fueron los presentadores de una emotiva Jornada en las que los testimonios de diversos afectados dejaron patente el drama que vive el colectivo. "Por culpa de la talidomida no me he atrevido a ser madre, no me siento capacitada", expuso Ana Isabel Castillo, trabajadora del centro de coordinación del 112 de Madrid quién tiene un grado de discapacidad del 86% debido a sus malformaciones en brazos y piernas, mientras que Luisa Torrijo, ama de casa, con malformaciones en brazos y manos, contó que lo más duro para ella ha sido no poder dar el pecho a sus hijos y Manuel Bioque, profesor jubilado de un Centro Especial para discapacitados, casado y padre de una hija, con malformaciones en los brazos y las manos, relató cómo estas secuelas que le han impedido enseñar a su hija a montar en bicicleta porque "no era capaz de seguirla y sujetarla".
Tras dejar claro los expertos que no hay ninguna otra cosa que pueda producir las malformaciones que produjo este fármaco en miles de bebés, nacidos entre finales de los años 50 y finales de los 60, tras la ingestión del fármaco por las madres embarazadas para paliar las náuseas, todos los participantes en la Jornada manifestaron la necesidad de solidarizarse con las víctimas, asumir las responsabilidades correspondientes por parte de Grünethal y el Estado, al igual que ha ocurrido en otros países, en lo que estuvieron de acuerdo los representantes políticos.
Todos ellos se comprometieron a buscar soluciones para reparar la injusticia cometida, unos creando mecanismos homogéneos en los países de la UE con el mismo problema (PP); otros, con acción conjunta para reparar el daño causado a las víctimas y exigiendo, desde los Gobiernos, responsabilidades a la farmacéutica Grünenthal, así como desde la práctica cotidiana de la prescripción (PSOE), algo en lo que coincidió IU que, además de reconocimiento y justicia, pidió que la farmacéutica en cuestión deje de tener "alfombra roja" en las instituciones. Ciudadanos se pronunció a favor de abrir un registro, identificar los casos y evaluar el coste.
Conclusiones
Una vez conocidos y admitidos, en primer lugar, la relación causa y efecto entre la ingesta de talidomida por mujeres embarazadas y las consecuencias de la misma, se debió haber actuado con mayor celeridad y diligencia, lo que no ocurrió intencionadamente en el caso de Grünenthal y por desidia y falta de interés en el Gobierno de España de aquel momento.
Los médicos inicialmente no fueron informados correctamente. Se les presentó un producto seguro cuando no lo era y, posteriormente, estuvieron desinformados por las actitudes adoptadas desde la central alemana de Grünenthal y su filial española tras decidir qué información disponible pondrían en conocimiento de los médicos, lo cual supuso, también, un daño a la profesionalidad del médico y también a su biografía.
La mayoría de los afectados no han tenido reconocimiento y compensación alguna por los daños que les ha ocasionado el medicamento, constituyendo un agravio comparativo respecto a lo sucedido en la mayoría de los países de nuestro entorno. Situación que se ha convertido en dramática cuando la respuesta que ha dado el Tribunal Supremo, no les permite compensarles, pero sí que reconoce en la propia sentencia cuando alude a "la conveniencia de buscar otros caminos para resarcir a los perjudicados por una palmaria injusticia".
La utilización de la talidomida, hace más de 50 años, ha constituido un problema sanitario y también un problema ético. Lo ocurrido fue una tragedia, como consecuencia de una gestión errónea e interesada. La negativa por la farmacéutica Grünenthal a reconocerlo, inicialmente, y después a repararlo, constituye, en la práctica, una vulneración de los derechos humanos recogidos en la Constitución Española.
La empresa farmacéutica Grünenthal y el Gobierno de la Nación, debieran satisfacer a los afectados de igual forma que lo han hecho en otros países de nuestro entorno, por entender que ambos son responsables de la tragedia, con el fin de mitigar en parte el daño que se les ha ocasionado.
La catástrofe causada por la comercialización de la talidomida no puede quedar sumida en el olvido ni en la pasividad de los diferentes gobiernos y sectores de la sociedad, en especial de los sanitarios. Es preciso activar una postura ética, que sensibilice a la sociedad para que responda adecuada y proporcionalmente ante esta agresión a nuestros pacientes y ciudadanos.
Instamos al Gobierno de España, que con la mayor diligencia posible, reabra de forma permanente el reconocimiento de los afectados y se proceda a su compensación, entendiendo que el plazo y margen de edad que se dio en su día fue, a todas luces, suficiente.