En España, un 9,3% de los pacientes sufren algún tipo de efectos adversos relacionados con intervenciones quirúrgicas, infecciones nosocomiales o medicamentos. Mientras, la prevalencia de este tipo de episodios se eleva a un 11,18% en el ámbito de la Atención Primaria. Conscientes de que la mitad de estos efectos adversos podrían evitarse, la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) han iniciado un movimiento por la seguridad del paciente.
De este movimiento ha surgido el Documento "Iatrogenia: análisis, control y prevención" que han elaborado conjuntamente la OMC y la SESPAS, y que hoy se ha presentado a los medios de comunicación en Madrid.
El presidente de la OMC, Dr. Serafin Romero; la Dra. Beatriz González López-Valcárcel, presidenta saliente de SESPAS; el Dr. Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC; y el Dr. Andreu Segura Benedicto, de vocalía Grupos Trabajo de SESPAS, han sido los encargados de presentar este Documento sobre la iatrogenia.
Los efectos adversos forman parte de lo que se denomina iatrogenia que es el daño provocado a los pacientes como consecuencia de la intención de diagnosticar, prevenir, tratar y aliviar, incluyendo el ocasionado por un intervencionismo excesivo, sin que ello prejuzgue la existencia de error o negligencia.
Contribuir a visibilizar el problema y su considerable dimensión y limitar en la medida de lo posible las consecuencias de la iatrogenia en pro de la seguridad del paciente es, precisamente, la finalidad de dicho documento. El objetivo de SESPAS y OMC es que se integre en la agenda de las instituciones y de los que toman decisiones en educación, investigación, asistencia sanitaria y salud pública.
El documento aborda los ámbitos de la iatrogenia, generales y específicos, teniendo en cuenta todos los niveles de la atención sanitaria: Primaria, Especializada y sociosanitaria. También contempla otros aspectos como la asistencia clínica individual que incluye prevención de enfermedades (inmunizaciones y cribados) y la promoción de la salud, la asistencia clínica poblacional vinculada a la salud pública y las políticas públicas de educación, empleo, urbanismo y vivienda.
Abarca, además, estimaciones de su impacto potencial, a través de informes nacionales e internacionales y sus costes sociales. Y lo hace en función de lo marcado por la Organización Mundial de la Salud sobre magnitud del daño, causas, propuestas de soluciones para una atención sanitaria más segura, aplicar soluciones a la práctica y evaluar su impacto.
Asimismo, aborda consideraciones sobre su coste, prevención y control. Según un estudio realizado en 30 países europeos en 2015, el 15% del gasto y la actividad hospitalaria en países de la OCDE pueden atribuirse a fallos de seguridad y de los 3,5 millones de AVAD (años de vida ajustados a la discapacidad) perdidos, aproximadamente, un millón y medio serían evitables.
El informe recoge las causas latentes de la iatrogenia que centra en el sobre diagnóstico y sobre tratamiento e incluye un capítulo dedicado a la medicina defensiva, que se traduce en pedir pruebas y realizar procedimientos innecesarios con el consiguiente gran coste económico a la sociedad.
Recomendaciones OMC y SESPAS
El informe propone ocho recomendaciones con el fin de que se realicen los cambios estructurales oportunos en el sistema de salud.
- Las autoridades sanitarias (del estado, autonómicas y locales) deben reconocer la iatrogenia como problema de salud pública a escala nacional, incluyéndola explícitamente entre las prioridades reales de las políticas de salud y sanitarias, y cumplir pues los objetivos marcados en materia de seguridad del paciente y de la iatrogenia.
- Dado su potencial, los logros alcanzados hasta la fecha y la necesidad de acometer las nuevas acciones recientemente incorporadas, las autoridades sanitarias de todos los niveles han de contribuir con los recursos necesarios priorizados para intensificar el despliegue y la evaluación rigurosa e independiente de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud y rendir cuentas periódicamente de los resultados a la sociedad.
- Las autoridades sanitarias han de priorizar el diseño y la implantación sin más demoras de un sistema de incentivos alineados con los objetivos de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud y los que se añaden en este documento, prestando especial atención al fortalecimiento de los sistemas de información vinculados con la seguridad del paciente y los sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos existentes.
- Hacer públicos los resultados de las evaluaciones periódicas tanto de las líneas estratégicas incluidas en Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud como de las actuaciones adicionales que se llevan a cabo al margen de la Estrategia, fomentar la competencia por comparación y fortalecer las líneas de difusión de información existentes sobre buenas prácticas a escala nacional e internacional.
- Diseñar, implantar, financiar y mantener a largo plazo una política de fomento de la investigación de las causas y determinantes de la iatrogenia, así como de la evaluación independiente de las medidas preventivas y de control, y rendir cuentas a la sociedad de los resultados.
- Acometer las reformas legislativas necesarias para proteger a los profesionales de las posibles repercusiones resultantes de la notificación y el reconocimiento de los eventos adversos.
- Fraguar un frente activo y coordinado de actuación para impulsar estas recomendaciones integrado por las autoridades sanitarias, las corporaciones profesionales y sociedades científicas del ámbito de la salud, las comisiones de bioética, las universidades que desarrollen grados de ciencias de la salud, las asociaciones cívicas, las organizaciones de pacientes y de consumidores y la ciudadanía en general.
- Aprobar el baremo de daños sanitarios que incremente la seguridad jurídica y reduzca la variabilidad injustificada en la fijación de indemnizaciones en procesos judiciales y extrajudiciales de responsabilidad por asistencia sanitaria, contribuyendo así a la disminución de la litigiosidad y de las prácticas de medicina defensiva.