El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que "denegar la derivación hospitalaria sin ofrecer una alternativa viable adecuada podría incurrir en una omisión del deber de socorro", por lo que exige "actuaciones concretas" para que no vuelva a discriminarse a sectores de la ciudadanía como el de las personas mayores con discapacidad si vuelve a vivirse una situación de colapso sanitario por la pandemia de COVID-19.
"La no asunción ni determinación de responsabilidades políticas o judiciales hasta el momento por parte de ningún estamento, hace pensar que situaciones con elevado número de pérdida de vidas por parte de un sector de la población, los mayores, puede salir relativamente barato", denuncia el presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI Estatal, Álvaro García Bilbao.
Por ello, exige que no vuelva a producirse ningún tipo de discriminación en el acceso a la atención sanitaria, como sucedió en ocasiones en los peores momentos de la pandemia en aquellos lugares en los que el sistema de salud se vio más colapsado. Además, critica que las personas mayores, incluidas las que tienen discapacidad, han sufrido "soledad, el abandono, la impotencia, la rotura de sus rutinas y la merma en sus procesos vitales", entre otras circunstancias.
Pese a esta situación, advierte del riesgo de "repetir errores similares a los acaecidos" porque en estos meses de menor intensidad de la pandemia "se ha evitado hacer una reflexión colectiva necesaria y obligada que restaure y fortalezca derechos, conscientemente orillados en aras de discutibles criterios de gasto económico y de supervivencia, no de todos, sino de los más aptos".
A su juicio, algunas de las medidas que deben adoptarse son habilitar nuevos recursos, favorecer la vida en comunidad y apostar por la figura del asistente personal, impedir que se puedan producir situaciones de discriminación en el acceso a los cuidados intensivos, no olvidar a las personas mayores con discapacidad residentes en el entorno rural, incluir como colectivo de riesgo a las personas cuidadoras, generalmente mujeres, y que los responsables políticos cuenten en todo momento con las organizaciones de personas mayores y del sector de la discapacidad para hacer frente a las situaciones que se puedan ir produciendo.