El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a los ministros de Sanidad, Hacienda, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para hacerles llegar los problemas que los ciudadanos y ciudadanas plantean en el millar de quejas recibidas hasta el momento, relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19.
Asimismo, también ha mantenido contactos con diferentes administraciones autonómicas y locales para supervisar su actuación y para hacer propuestas que contribuyan a sobrellevar la actual situación.
Fernández Marugán valora los esfuerzos realizados para atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en la situación extrema en la que nos encontramos y ofrece la colaboración absoluta de la Institución que dirige.
El Defensor también quiere aplaudir la "sacrificada y magnífica labor" que está realizando todo el personal sanitario, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los trabajadores de las residencias de mayores y aquellos que se dedican al cuidado de personas dependientes, los funcionarios y empleados de los centros de privación de libertad y todos aquellos trabajadores y trabajadoras que continúan en su puesto permitiendo que los ciudadanos podamos disponer de todos los servicios esenciales para nuestra vida.
Emergencia sanitaria
El Defensor del Pueblo mantiene desde los primeros días de la crisis una comunicación constante con el Ministerio de Sanidad, departamento al que ha trasladado el testimonio de muchas personas que se enfrentan a una situación crítica y muy angustiosa, pues temen por la salud propia y la de los suyos.
Tras estas dos primeras semanas de estado de alarma y confinamiento, la Institución insiste en la necesidad de que todas las administraciones se coordinen lealmente para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario, social, de la dependencia y residencial, público o privado.
En este contexto, el Defensor ha instado a que se proporcione el material de protección necesario a los trabajadores sanitarios y demás personal asistencial y ha urgido a que se amplíe la realización de test de confirmación.
Asimismo, ha reclamado un procedimiento claro de actuación en todos los servicios de salud, adaptable a la evolución de los acontecimientos, y que incluya no sólo los criterios clínico-asistenciales imprescindibles sino también herramientas prácticas para permitir la comunicación de los pacientes con sus seres queridos.
En una actuación dirigida a las Consejerías de Sanidad autonómicas, la Institución ha solicitado información detallada sobre la compra y distribución del instrumental y equipamiento necesario para la atención a casos graves de COVID-19 y de los equipamientos de protección y de test de confirmación.
Asimismo, ha pedido datos sobre la ampliación de camas hospitalarias y de especialistas de atención intensiva, las actuaciones de cooperación efectuadas con otras comunidades autónomas bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad, y los procedimientos para asegurar la realización de test diagnósticos al personal sanitario y asistencial y a pacientes con cuadro clínico compatible con COVID-19 en situación de aislamiento domiciliario.
En dicha actuación también se ha preguntado por la reorganización de la red asistencial: ampliación de plantillas hospitalarias y las nuevas contrataciones realizadas, funciones asignadas a los servicios de atención primaria para hacer frente a la epidemia, y medidas de refuerzo de la atención domiciliaria.
Personas mayores y personas dependientes
La Institución comparte la preocupación ciudadana que reflejan las quejas recibidas por la situación de las personas mayores que residen en centros asistenciales.
Tal y como ya ha señalado la Institución en diferentes informes, la ratio de profesionales que trabajan en las residencias para mayores es muy ajustada, cuando no escasa. Una situación que se ha agravado ahora con la actual crisis.
Según apunta el Defensor en un escrito enviado al ministro de Sanidad, las órdenes del 19 y 23 de marzo contienen instrucciones para un mejor manejo de la situación, sobre todo en los centros residenciales más grandes, pero es preciso ahondar en las necesidades de equipos de protección y de pruebas diagnósticas para poder hacer adecuadamente la distribución de usuarios.
El Defensor también ha mantenido contacto con diversas consejerías autonómicas con competencias en la materia sobre quejas concretas por la situación de varias residencias para mayores y ampliará dichos contactos en los próximos días para obtener una visión global de cómo se está actuando por parte de las administraciones en este asunto.
En este sentido, la Institución quiere conocer las medidas adoptadas para dotar o reforzar la atención sanitaria en centros residenciales públicos o privados, los protocolos seguidos en la derivación de residentes a centros hospitalarios, y la habilitación de centros y establecimientos públicos o privados para la atención monográfica por COVID-19.
Otra cuestión que preocupa al Defensor del Pueblo es la gran angustia con la que los familiares viven la falta de noticias sobre sus allegados. Por ello, considera que debería realizarse un esfuerzo de comunicación para informar de la evolución de los afectados y que, en caso de fallecimiento, se difunda el protocolo que se sigue con los difuntos y para la retirada segura de sus pertenencias.
Por último, el Defensor destaca la labor fundamental que realizan los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio a las personas dependientes que viven en sus propias viviendas. Por ello, insta al Gobierno a que su trabajo sea reconocido y apoyado con los recursos necesarios para salvaguardar su salud y los posibles contagios de aquellas personas a las que atienden.
PYMES y autónomos
La Institución también ha trasladado al Ministerio de Hacienda la preocupación de muchos autónomos y pymes que se han dirigido al Defensor manifestando problemas para afrontar sus obligaciones tributarias a lo largo del mes de abril.
En una carta remitida a la ministra de Hacienda, el Defensor manifiesta que sería conveniente flexibilizar los plazos de cumplimiento de las obligaciones tributarias que ambos colectivos deben afrontar en las próximas tres semanas.
En las quejas recibidas por la Institución, los ciudadanos explican que muchos de los profesionales encargados de presentar las declaraciones trimestrales (asesores, gestores, abogados...) han cerrado sus despachos como medida de protección de la salud y aseguran que ello limita o impide el traslado de las facturas y documentos necesarios para la confección de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.
En la carta dirigida al departamento ministerial, el Defensor recuerda que, según datos del Colegio de Gestores Administrativos de España, el 80% de las declaraciones trimestrales exigibles se realiza por profesionales y empresas externas a los obligados tributarios. Además, señala que el cierre de las dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha agravado esta situación, ya que muchos autónomos o PYMES carecen de la posibilidad de aclarar sus dudas o confeccionar por si mismas estos documentos.
A ello se añade que la actualización tecnológica que permitiría la presentación telemática de todas las obligaciones alcanza aproximadamente al 50% de PYMES y autónomos y que sigue siendo frecuente el pago de las liquidaciones en ventanillas físicas de entidades bancarias.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo considera que todas estas situaciones pueden ser mejoradas con la flexibilización de los plazos de cumplimiento de estas obligaciones formales y propone varias alternativas. Así, apunta que se podría diferir su presentación, de manera que en el ejercicio 2020 se realicen de manera semestral, o prolongar los plazos hasta los veinte días posteriores a la finalización de las medidas de confinamiento. De esta forma, la carga de estas obligaciones tributarias resultaría compatible con la situación de amplia limitación de movimientos que se ha acordado.
Para el Defensor, otra posibilidad sería un traslado del plazo de las obligaciones citadas al mes de mayo, para que la presentación se haga cuando es previsible que el descenso de contagios e ingresados por coronavirus ofrezca cierta esperanza económica para los obligados tributarios.
Campaña de Renta y Patrimonio 2019
La Institución también ha pedido al Ministerio de Hacienda que amplíe los plazos para la campaña de Renta y Patrimonio 2019.
Si bien muchas familias podrán obtener sus devoluciones del impuesto, aquellos que hayan perdido a un familiar o que esté ingresado o aislado y tengan que presentar la renta del ejercicio 2019 en nombre de esas personas, pueden experimentar dificultades inéditas para acceder a la documentación y datos necesarios para realizar la presentación.
Un problema con el que también se pueden encontrar las personas que estén desplazadas y los sanitarios, que en estos momentos dedican todos sus esfuerzos y su tiempo a combatir la pandemia.
Por ello, el Defensor del Pueblo aboga por ampliar los plazos para la presentación de la declaración, bien habilitando una prórroga general por un tiempo igual al que se mantengan las limitaciones para el contacto social, o bien adoptando una medida general que prolongue hasta el 30 de septiembre el plazo para la presentación de las declaraciones.
Asimismo, la Institución cree que también se podrían barajar medidas de alivio del Tesoro y ha propuesto la posibilidad de modificar la normativa para que aquellos ciudadanos que renuncien a su devolución del IRPF de la campaña 2019, puedan recibirla mediante compensación en los próximos cuatro ejercicios.
Limitaciones circulación
El Defensor ha dado traslado al Ministerio del Interior de las quejas recibidas en la Institución en las que los ciudadanos ponen de manifiesto sus dudas sobre las limitaciones a la circulación impuestas tras decretarse el estado de alarma. También ha enviado al citado ministerio algunos escritos de personas que denuncian actuaciones incorrectas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En su respuesta, el ministro ha explicado que se han aprobado distintas órdenes para aclarar y concretar algunos aspectos que estaban generando dudas en cuanto a las limitaciones de circulación. También se ha comprometido a investigar cualquier conducta impropia de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que pudiera producirse.
Centros Penitenciarios
Además, el Defensor está en permanente contacto con los responsables de la Administración Penitenciaria. Así, la Institución ha iniciado actuaciones con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y con la Secretaría de medidas penales, reinserción y atención a la víctima de la Generalitat de Cataluña para conocer las medidas que se están tomando en todo el país para proteger a la población reclusa y a los funcionarios que trabajan en estos centros.
La Institución tiene conocimiento del importante esfuerzo que viene desarrollando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para preservar el derecho a la salud de internos y funcionarios. De hecho, esta administración ya ha enviado al Defensor información detallada de todas las actuaciones que están realizando.
La Organización Mundial de la Salud publicó la semana pasada una guía sobre cómo abordar el COVID-19 dentro de los centros penitenciarios (23 de marzo) y el CPT del Consejo de Europa presentó una Declaración de Principios sobre este mismo tema (20 de marzo). En opinión del Defensor, sería conveniente, a la luz de estos documentos y del desarrollo de la situación en las prisiones, llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación, siempre con criterios científicos de salud pública, en cuestiones como el tratamiento (sanitario y penitenciario: la Institución pide que se adopten medidas sanitarias y de clasificación, con especial atención a los grupos más vulnerables como ancianos, mujeres embarazadas, enfermos crónicos...), los procedimientos o las comunicaciones familiares y con otras instituciones, procurando, en particular, el mayor uso posible de las nuevas tecnologías, tal y como viene sucediendo entre el conjunto de la ciudadanía.
Fernández Marugán también recuerda que la presentación de quejas al Defensor del Pueblo de los internos se venía tramitando por correo ordinario y que este servicio está actualmente limitado por lo que sería necesario habilitar otras vías de comunicación. La Institución también ha insistido en la necesidad de dotar de dispositivos de detección del COVID-19 y de equipos de protección individual al personal penitenciario, tanto de vigilancia como sanitario.
Los CIE y los CETI
Tras decretarse el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Institución comenzó a recibir quejas por la situación en la que se encontraban las personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de estas personas ya que en la situación actual no puede llevarse a cabo su devolución o expulsión. El Defensor recuerda que la privación de libertad de estas personas en estos centros tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión.
Fernández Marugán se encuentra en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con la Secretaría de Estado de Migraciones. Ambos departamentos han comunicado las medidas de coordinación adoptadas que han permitido que ya se esté poniendo en libertad de manera paulatina a los internos derivándoles a los recursos disponibles de acogida humanitaria.
Por otra parte, el Defensor también ha traslado al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consideraciones sobre la situación en los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Fernández Marugán, teniendo en cuenta la tradicional sobreocupación de estos dos centros, en los que además, suele encontrarse un número significativo de menores, aboga por continuar con los traslados a la península y evitar así que se puedan producir contagios en unas dependencias que, en su opinión, no están preparadas para tal eventualidad.
Autorizaciones de trabajo y homologación de títulos
Fernández Marugán ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la concesión de autorizaciones de trabajo para ciertos colectivos de ciudadanos extranjeros que podrían incorporarse a determinados sectores (sanitario, agrícola o cuidado de personas mayores) que en esta crisis necesitan personal de manera urgente.
Así, el Defensor es consciente de que no es el momento de abordar reformas normativas. Sin embargo, cree que la legislación actual permite dotar de permiso de trabajo a ciudadanos que se encuentran en situación regular en España pero que no pueden acceder al mercado laboral al no contar con autorización de trabajo.
En esta situación se encuentran tanto solicitantes de protección internacional, titulares de la conocida como "tarjeta roja", como jóvenes extutelados por la Administración, que son titulares de autorización de residencia no lucrativa.
Fernández Marugán recuerda que el Reglamento de extranjería dispone que, en caso de que circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá dictar instrucciones para la concesión de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, que podrán quedar vinculadas temporal, por ocupación laboral, o territorialmente, en los términos que se fijen en aquellas.
En este sentido, para paliar la falta de personal en ciertos ámbitos, el Defensor también ha formulado una recomendación a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades para que facilite la incorporación de los profesionales sanitarios que en el momento actual permanezcan a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria.
Españoles en el exterior
El Defensor también se ha dirigido a la ministra de Asuntos Exteriores para remitirle las quejas de ciudadanos que se han encontrado con esta crisis sanitaria fuera de España. Las personas que se han dirigido a la Institución reclaman más información y exponen los problemas que se han encontrado para contactar telefónicamente o a través del correo electrónico con determinados consulados.
El Defensor valora positivamente la gestión de Exteriores que ha permitido que miles de ciudadanos ya hayan regresado a España pero pide que se haga un esfuerzo para establecer canales de comunicación efectiva con otros ciudadanos que aún no han conseguido regresar para facilitar su retorno.
Personas sin hogar
El Defensor ha recibido quejas sobre la situación de las personas sin hogar, que ponen de manifiesto la falta de recursos adecuados y la escasez de medios de protección personal, para facilitar una atención en condiciones razonables de separación.
Esta preocupación se ha trasladado tanto al Ministerio de Sanidad como a la Alcaldía de Madrid ya que trabajadores y organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda a este colectivo en diversos albergues de la capital han avisado de que el incremento de usuarios en los centros existentes está generando hacinamiento y ausencia de espacios de seguridad para evitar contagios.
El Defensor es consciente del esfuerzo que se está realizando para mejorar la atención de estas personas, pero cree necesario dotar las instalaciones de refuerzos sanitarios y habilitar áreas adicionales de alojamiento que permitan aumentar las medidas para separar a los usuarios según sus síntomas. También habría que reforzar los servicios de limpieza y desinfección y proporcionar a los profesionales y usuarios equipos de protección individuales.