La Organización Médica Colegial (OMC), en colaboración con las Sociedades Españolas de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), ha realizado un estudio sobre la "Práctica médica en los Servicios de Urgencia Hospitalarios".
Su objetivo ha sido conocer cómo repercute el riesgo de denuncia y de demanda judicial en la práctica médica de los servicios de urgencia hospitalarios, un ámbito en el que existe un contacto muy directo con el paciente que llega en circunstancias muy particulares para recibir asistencia sanitaria inmediata.
Los datos se han obtenido a través de un cuestionario online dirigido a los médicos de estos servicios sanitarios, recabándose la opinión de 1.449 profesionales. Según la distribución por sexo, el 50,2% de los participantes son mujeres, y un 49,8% son hombres. Respecto a la distribución por edad destaca que el 47,6% de los encuestados superan los 50 años. Asimismo, el 90,8% de los profesionales que han respondido pertenecen a hospitales públicos y el 12,9%, a centros privados.
De este estudio se desprende que el 88,7% de los médicos de urgencias hospitalarias encuestados admite que la amenaza de denuncia/demanda judicial condiciona la práctica asistencial, lo que conlleva un incremento en este ámbito de la "Medicina Defensiva", entendida como "el empleo de procedimientos diagnósticos o terapéuticos con el propósito de evitar demandas por mala praxis".
En general, el 91,3% son de la opinión de que la presión judicial sobre estos profesionales se ha incrementado considerablemente, y así lo perciben un 5,4% más de mujeres que de hombres encuestados.
Son los profesionales sanitarios de hospitales privados y de menos de 500 camas los que se muestran más críticos ante este aumento de la presión judicial y de la amenaza de denuncia/demanda.
Perfil del profesional con más denuncias
Otro dato a destacar de este estudio es que el 54,5% de los médicos de urgencias hospitalarias aseguran haber recibido al menos una reclamación y el 23, 6% han sufrido una denuncia. En este sentido, el perfil de profesional con mayor número de reclamaciones y demandas es el de varón, con más de 50 años, que ejerce en un hospital privado con menos de 500 camas.
Por otra parte, el 89,9% del total de encuestados considera que en los Servicios de Urgencias Hospitalarios se realizan pruebas diagnósticas de dudosa utilidad. Mientras, un 63 por ciento cree que los tiempos de estancia de los pacientes ya diagnosticados se alargan de forma innecesaria por prevención ante posibles problemas legales.
Apoyo institucional y de los médicos
Con este estudio también se ha pretendido conocer la percepción de los médicos sobre el apoyo institucional y por parte de sus compañeros. Así, un 88% de los encuestados no se sienten protegidos por las estructuras hospitalarias/sanitarias de los problemas legales que pudieran tener con los pacientes, ni, en un 79,1%, con el respaldo de la dirección del centro. Sin embargo, un 67,6% sí perciben la comprensión y solidaridad del resto de médicos de su servicio.
La falta de herramientas para afrontar este tipo de situaciones es otra de las conclusiones que se extraen del estudio. Así, el 86,7% reconoce no tener los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar la mayoría de los problemas legales que se les presentan en los servicios de urgencias hospitalarios.
Asimismo, un 60,6% se muestran desconocedores de las posibles consecuencias que puede acarrear la denuncia de un paciente.
En definitiva, casi la totalidad de los médicos encuestados, un 96,1% abogan por que se potencie la formación médico-legal con el fin de tener una preparación adecuada que les ayude a superar este tipo de situaciones.