AESTE y Antares han presentado hoy el estudio el estudio "Análisis del Mercado Residencial para las personas mayores en España, Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia: Perspectivas para el Mercado Español", y que pretende, desde la experiencia de otros países, proponer soluciones efectivas sociales y sanitarias para responder de forma adecuada al desafío demográfico. El estudio destaca que los principales países europeos cuentan con un modelo más eficiente en la planificación de los servicios residenciales basado en sistemas de acreditación y control de calidad y con modelos de tarifas diferenciadas sanitarias y sociales.
España tiene un modelo de servicios sociosanitarios y sociales con deficiencias que pone en jaque el estado del bienestar ante el envejecimiento de la población que afronta nuestra sociedad.
Muchos de los servicios residenciales en estos países están exentos de IVA (como en Alemania, Reino Unido y Suecia), algo que no ocurre en España, donde el IVA varía en función del tipo de empresa que presta el servicio (los centros públicos y de naturaleza benéfica están exentos) y en función de si el residente se financia pública (4%) o privadamente (10%).
El informe, a lo largo de sus 213 páginas, presenta una detallada radiografía de cómo se articulan en España, Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia los sistemas de atención a la cronicidad y la Dependencia desde el punto de vista normativo, la acreditación de los servicios, la implicación del sistema de salud y de los servicios sociales, la financiación de los cuidados de larga duración, la financiación pública asumida por las distintas administraciones y desde las distintas áreas sanitaria, social, la financiación por parte del usuario y la fiscalidad de los servicios residenciales.
La experiencia de Europa:
¿Qué podemos aprender de Europa? A la vista del informe, nuestro país puede aprender muchas cosas: de Francia, a diferenciar la contribución sanitaria, social y del usuario; de Alemania, el seguro de Dependencia, que allí es obligatorio y que en nuestro país pudiera ser una solución altamente aconsejable para provisión de cuidados si se le dieran ventajas fiscales adecuadas; de Reino Unido, su organismo de revisión de la calidad CQC que regula el registro y la acreditación de establecimientos, así como el sistema de inspecciones en gran detalle, basados en la recogida de evidencias sobre resultados de la calidad de la atención a partir de indicadores cuantitativos y valoraciones cualitativas. También en Reino Unido, los establecimientos son inspeccionados al menos una vez al año, pagando las inspecciones adicionales que resulten de incumplimientos por su parte, y los resultados son públicos de tal modo que el ciudadano cuenta con un elemento muy relevante y objetivo a la hora de tomar libremente la decisión de compra de un servicio. Y, finalmente, de Suecia, que al igual que en Alemania y Reino Unido, estos servicios están exentos de IVA.
¿Cómo se financian estos servicios en Europa? El estudio pone en evidencia que en otros países cuentan ya con tarifas diferenciadas sanitarias y sociales en función del tipo de atención que requiere cada residente y que se sufragan con la participación de las distintas administraciones y del propio usuario.
- En Francia, 6% de costes sanitarios los paga Sanidad + 28% de éstos se incluyen en la tarifa concertada. El usuario y Dependencia pagan un 33% cada uno.
- En Reino Unido, 7% Sanidad (salvo centros sociosanitarios que cubre el 100%), el 49% Servicios Sociales y el 44% el usuario.
- En Alemania, 42% Dependencia (a través del Seguro obligatorio) y el 58% el usuario.
- En Suecia, el 92% Dependencia y el 8% el usuario.
- En España, la parte social no cubre los costes reales de los servicios que se prestan y está alejada de las cantidades que aportan otros países, la sanitaria no participa en la financiación y el usuario copaga de manera desigual e insuficiente para cubrir los gastos de alojamiento y manutención, que en otros países sufraga íntegramente.
Se incide especialmente en cómo el proceso de envejecimiento de la sociedad europea es especialmente inquietante en España, por el sobreenvejecimiento de la población, lo que está suponiendo un incremento notable de los recursos destinados a la atención sanitaria de los mayores, especialmente de aquellos que padecen algún tipo de cronicidad y que suponen el 70% del gasto sanitario, principalmente en los últimos 6 meses de vida. En este contexto, es destacable que el gasto público en España destinado a cuidados de larga duración ésta muy por debajo del promedio de gasto de otros países de la OCDE.
Este aumento progresivo de la cronicidad, la pluripatología y la dependencia asociadas plantean el reto de articular la atención de forma coordinada desde el ámbito social y sanitario, algo que en España sigue siendo una asignatura pendiente.