Ante la propagación del COVID-19 y el impacto que está generando sobre las diferentes actividades y servicios de las entidades que tienen como misión velar por la defensa y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) exige que se garantice en todo momento la salud y el bienestar de todas las personas usuarias y trabajadoras de los diferentes servicios de las entidades.
El presidente de la organización, Anxo Queiruga, explica que "la saturación que se está produciendo en el sistema sanitario de algunas comunidades autónomas, la falta de test rápidos de COVID-19, la escasez de EPIs y las dificultades para cubrir las bajas de personal, está provocando situaciones de angustia en los centros y servicios dirigidos a personas con discapacidad y/o situación de dependencia, servicios que son considerados como esenciales".
Tanto los centros como los profesionales están comprometidos en la adopción, con especial diligencia, de todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, a fin de evitar el contagio y contribuir a frenar la propagación del COVID-19.
Por ello, COCEMFE reclama a las Administraciones Públicas que adopten las medidas necesarias encaminadas a facilitar a las entidades y, por tanto, a las personas trabajadoras, todos los medios materiales necesarios para garantizar este objetivo.
"Muchas personas deben desarrollar diariamente su actividad, en servicios considerados como esenciales, sin estar dotados de los equipos de protección individual que minimicen el riesgo de transmisión y exigimos urgentemente su dotación para el personal que trabaja en las entidades, así como la realización de tests a toda la plantilla de los centros en los que existan casos sospechosos", afirma Queiruga.
Hay personas con síntomas suficientes como para ser atendidas en un centro hospitalario que no están siendo ingresadas en hospital y continúan siendo atendidas en los centros residenciales, que no están preparados para ello. En este sentido, la entidad recuerda que los centros residenciales no son centros médicos, por lo que no están medicalizados ni cuentan con medios ni con personal para atender situaciones críticas que requieren una atención sanitaria especializada (médicos/as o enfermeros/as) o intensiva (UCI), salvo las ratios de personal marcadas por la normativa en función de las personas residentes.
"Los centros sociosanitarios son viviendas que cuentan con los medios y personal necesarios para que sus residentes reciban cuidados de la vida diaria, por lo tanto, no pueden realizar tratamientos ni proporcionar cuidados intensivos", aclara el presidente de la Confederación.
Por ello, desde la confederación se reclama a las autoridades sanitarias que las personas que viven en estos dispositivos sigan el mismo criterio que el resto de la población para acceder a los servicios sanitarios.
En una situación tan excepcional como esta, el establecimiento de protocolos de actuación en caso de tener conocimiento de la existencia de personas trabajadoras diagnosticadas con coronavirus es fundamental a fin de evitar su propagación en el centro de trabajo. Por eso es fundamental que estos centros residenciales y servicios de atención domiciliaria (incluida la Asistenta Personal) tengan acceso a los test rápidos de COVID-19, tanto para trabajadores/as como usuarios/as. De esta manera se facilitaría tanto tranquilidad a plantilla y usuarios, como la prevención de posibles nuevos contagios y el uso más eficaz de los EPIs.
Por este motivo, la entidad también pide a las autoridades que distribuyan EPIs entre las residencias y servicios de atención a personas con discapacidad y/o atención a la dependencia, ya que muchos centros no tienen y los centros y servicios que sí tienen están a punto de agotarlos.
Así mismo, se está produciendo un déficit de personal acuciante que es necesario abordar por lo que sería esencial garantizar el refuerzo necesario en las plantillas y el refuerzo de personal sanitario y mayor coordinación con el sistema público de salud. Por eso, otra de las peticiones que realiza al Gobierno es que garantice la sustitución del personal que trabaja en estos centros cuando tengan bajas médicas.
A pesar de la reciente publicación de una orden que rebaja excepcionalmente los requisitos y facilita las contrataciones rápidas, es necesario que el Gobierno recurra a la movilización prevista en la ley para garantizar su funcionamiento, como podría ser personal del Ejército, si fuera el caso.