La violencia de género es un asunto de Estado, repiten una y otra vez quienes nos gobiernan. Pero a la hora de dedicar recursos a luchar contra ella, resulta que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) invierten más en folios y bolígrafos que en prevenirla. En concreto, 152 millones de euros en material de oficina frente a los 31,7 anunciados por la ministra Dolores Montserrat en mayo de este año, muy alejados de los 120 que reclamaban las organizaciones feministas.
La transferencia adicional de 2,7 millones de euros a las comunidades autónomas para asistencia a víctimas de violencia sexual anunciada el pasado mes de octubre supone menos de lo que se gasta sólo el Ministerio de Fomento en seguridad privada cada año y poco más del doble de lo que cuesta subvencionar la cafetería del Parlamento (950.000€).
En el segundo trimestre de año 2017, un total de 40.366 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género, lo que supone un incremento porcentual del 20,7% en la variación interanual, ya que en el segundo trimestre de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género fueron 33.440.
En un país en el que cada semana se registra al menos el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja y cerca de 1.000 han muerto a manos de sus parejas o exparejas en los últimos 15 años, las comparaciones presupuestarias resultan especialmente dolorosas y reflejan el escaso interés político real por erradicar la violencia machista.
Violencia sexual: aumentan las agresiones, pero no los recursos
Dentro de la violencia de género, un capítulo aparte merece la violencia sexual. Con el caso de la presunta violación en grupo a una joven en Pamplona, cuyo juicio se está celebrando estos días, el problema ha reaparecido en el debate público. Pero víctimas como la de "La Manada" se cuentan por miles: 7.240 mujeres fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual en España en 2016, 417 más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior. Y esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas un 10% de las totales. Esta falta de datos contribuye a ocultar aún más el problema.
Frente a este aumento de las cifras en los dos últimos años, la respuesta gubernamental no está a la altura: sólo 9 de las 17 comunidades autónomas españolas disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia). Y no hay un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual de carácter estatal. En algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas. Esta situación genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado.
Además, la violencia sexual está excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta situación deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección e indefensión jurídica. A esto se añade que el abordaje de las violencias sexuales no suele tener en cuenta a los grupos más vulnerables y sus especiales necesidades: niñas, jóvenes, mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes –en especial aquellas en situación administrativa irregular–, empleadas de hogar, mujeres con discapacidad, con problemas de drogodependencias o las que han perdido su hogar.
Violencia sexual en Europa
La violencia sexual es una de las manifestaciones de la violencia de género más extendida e invisible y afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, tanto en el espacio público como en sus relaciones íntimas: 1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física y sexual en todas las regiones del mundo, incluida Europa Occidental. 3,7 millones de mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna forma de violencia sexual (datos de Agencia Europea de Derechos Fundamentales, 2014).
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, exhorta a los Estados parte a establecer medidas para la prevención, protección y reparación de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia sexual, así como a la persecución de dicha violencia. Aunque está vigente en España desde el 1 de agosto del 2014 y es de obligatorio cumplimiento, se desconocen las medidas que se están llevando a cabo para su implementación.
¿Qué pedimos?
Las diez organizaciones firmantes de este comunicado pedimos:
- La incorporación de la violencia sexual en la legislación actual y futura sobre violencia de género, respondiendo al art 36 del Convenio de Estambul, vinculante para los Estados que lo han ratificado como es el caso del Estado Español
- responder a la recomendación general 19 del Comité CEDAW respecto a la atención a la trata, explotación sexual y turismo sexual
- que la educación sexual esté presente en el currículum escolar de todos centros educativos como una herramienta preventiva imprescindible de la violencia sexual
- formar adecuadamente en estas materias a los ámbitos jurídico, policial, social y sanitario
- dotación económica necesaria para la lucha integral contra la violencia hacia las mujeres, acorde con la dimensión del problema