El Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba y Fiscal Delegado de Personas con Discapacidad en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, ha lamentado hoy que sigan existiendo "barreras mentales" que dificulten el desarrollo de los derechos y la autonomía de las personas con trastorno mental. Así lo ha manifestado durante la ponencia "La Salud Mental: revoluciones pasadas, presentes y pendientes", que ha servido para inaugurar la octava edición de las Jornadas de Salud Mental y Rehabilitación Psicosocial de Hermanas Hospitalarias, que durante dos días reúnen en el Auditorio de CaixaForum Madrid a más de 300 expertos en salud mental.
"Hemos superado muchas barreras, pero en la autodeterminación de las personas con trastorno mental seguimos encontrando resistencias. A veces son barreras que se pone el propio paciente, que no se lo quiere creer y que prefiere seguir siendo dependiente. Y hay que respetarlo. Pero también hay barreras entre los profesionales sanitarios, entre los propios familiares y a nivel social. Es cierto que hay menos estigma respecto de la persona con trastorno mental, pero una cosa es respetar el trastorno y otra aceptar que el usuario tenga capacidad de decisión", ha señalado.
Voluntades anticipadas: la próxima revolución
Fernando Santos Urbaneja ha realizado durante su exposición un repaso a los hitos que han marcado el cambio en la percepción y el tratamiento de las personas con trastorno mental. "La Constitución nos cambió la vida a todos. Y al paciente también", ha explicado antes de señalar dos revoluciones acaecidas en los años ochenta: por un lado, el cambio de rumbo del tratamiento manicomial al tratamiento en la comunidad; por otro, el hecho de que se estableció la preceptiva audiencia del usuario en los expedientes judiciales de ingreso involuntario. (Art. 211 Código Civil). "Hasta entonces a nadie se le había ocurrido escuchar al paciente", ha añadido.
Ya en los años 2000 el Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba ha destacado la aparición del paradigma de la autonomía del paciente: "El salto es que ya no solo te escuchan, sino que vas a decidir tú, lo que supone una inversión de las relaciones de poder y un reequilibrio de las relaciones médico-paciente".
Para Santos Urbaneja, las próximas revoluciones en el ámbito de la capacitación de las personas con trastorno mental tienen que pasar inevitablemente por el desarrollo total de esa capacitación mediante la difusión y la generalización de instrumentos de autonomía como son las voluntades anticipadas o los poderes preventivos, cuyo uso en opinión del Fiscal es aún "muy minoritario".
El Fiscal Delegado de Protección de personas con discapacidad en Andalucía ha puesto el ejemplo del desarrollo y la normalización en España de las voluntades anticipadas entre el colectivo de la tercera edad. Una realidad que a su parecer aún está lejos de alcanzarse en el ámbito de los trastornos mentales, donde existen unas diferencias "enormes" entre Comunidades Autónomas. "El tratamiento del paciente en la comunidad lleva más de tres décadas en Andalucía, pero en otros territorios ni siquiera ha llegado. ¿Cómo vamos a hablar ahí de voluntades anticipadas o de poderes preventivos?", se ha preguntado antes de señalar que la "gran palanca de cambio" pasa por el asociacionismo de los pacientes con trastorno mental "para defender, como colectivo, que tienen la facultad de decidir".
Una cuestión de actitud
Fernando Santos Urbaneja ha afirmado que el desarrollo de instrumentos de autonomía y capacitación de las personas con trastorno mental tiene un objetivo: brindarles la oportunidad de ser felices. "Yo hago esta definición de felicidad: que me dejen hacer un poco lo que me dé la gana, llevar las riendas de mi vida. Si tú tienes la capacidad de decidir, incluso de decidir quién va a decidir por ti cuando no tengas la capacidad de decidir, las opciones de felicidad son más grandes. Es el derecho fundamental que como fiscal tengo que defender", ha enfatizado antes de aclarar que cada paciente debe decidir luego si quiere ejercer o no estas opciones, pero que el mandato de los poderes públicos pasa ineludiblemente por "promover las condiciones y remover los obstáculos para que el desarrollo de los derechos de todas las personas sea real y efectivo".
En ese sentido, por último, el Fiscal considera que la legislación para promover condiciones y remover los obstáculos ya está suficientemente desarrollada en España, por lo que ahora se trata de "una cuestión de actitud" de los usuarios, de los familiares, de los sanitarios y de la propia sociedad. "Siempre digo que cuando cambia la sociedad cambia el derecho. Pero a veces es el derecho el que quiere cambiar a la sociedad. Si la sociedad está madura respecto a un tema el derecho aterriza sin problemas. Por el contrario. esto resulta problemático cuando la sociedad no ha asimilado el cambio. En lo que atañe a la enfermedad mental sigue habiendo resistencias, así que nos encontramos en un proceso de asimilación y de eliminación de barreras del pensamiento para que el poder de decisión de las personas con trastorno mental se acepte como se ha hecho en el caso de las voluntades anticipadas en la tercera edad", ha concluido.