La pandemia producida por la COVID-19 ha puesto contra las cuerdas al Sistema Nacional de Salud español. A los problemas derivados de los recortes de los últimos años, como la falta de infraestructuras o la precariedad del personal sanitario, se han sumado otros que han obstaculizado la respuesta a la crisis sanitaria: la falta de respiradores, el colapso de las UCI y la falta de equipo de protección para los profesionales. Sin embargo, la escasez no ha afectado solo al material sanitario. Los desabastecimientos de medicamentos, un problema global y muy recurrente en todos los países, también han sido y seguirán siendo una de las principales preocupaciones de gestores y profesionales sanitarios que debe abordarse cuanto antes.
En este contexto, la campaña "No es Sano" ha enviado al Gobierno y a los partidos políticos un documento con un paquete de propuestas sobre política farmacéutica que, si antes de la crisis ya eran urgentes, ahora no pueden esperar más. Todas ellas responden a la pandemia, pero también suponen una nueva configuración de nuestro sistema público de salud para defender el interés general y garantizar el acceso a los medicamentos, las vacunas y los diagnósticos sin poner en riesgo su sostenibilidad.
El documento recoge, entre sus medidas, que las vacunas y los tratamientos para la COVID-19 deben ser considerados un bien público, así como tener precios justos y asequibles para asegurar que puedan llegar a todas las personas que los necesitan. Asimismo, debe estar garantizado su suministro. Cuando finalmente se descubran vacunas o medicamentos para el nuevo coronavirus, su suministro no puede quedar en manos de una o unas pocas empresas, sino que será necesaria una producción y distribución a gran escala.
En esta línea, solicita al Gobierno que ponga en marcha estrategias de producción nacional y pública de medicamentos, material sanitario y diagnósticos que permitan cubrir las necesidades de la población en el caso de que fuese necesario, aprovechando los recursos propios del SNS y otras instalaciones de la Administración Pública.
En el ámbito de la propiedad intelectual, las organizaciones que promueven "No es Sano" reclaman que, si llegado el caso no estuviera garantizado el acceso a los nuevos medicamentos, España se plantee excepcionalmente la aplicación, entre otras medidas, de las licencias obligatorias —que consisten en suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico—, un mecanismo que está recogido en los acuerdos ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y que puede aplicarse en casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.
Asimismo, la campaña recuerda que existe una enorme inversión pública en las investigaciones que se están realizando sobre la COVID-19. Por ello, reclama que los tratamientos y vacunas que resulten de estos proyectos no tengan licencias exclusivas —impidiendo así que sea solo una empresa la que los produzca—, tengan limitados los derechos de propiedad intelectual y sus resultados se compartan para acelerar los avances en la lucha contra esta pandemia. Además, el Gobierno y otras instituciones públicas deben asegurar que en los acuerdos que se establezcan con las compañías farmacéuticas a la hora de desarrollar y producir potenciales fármacos se incluyan cláusulas que garanticen que estos tratamientos y vacunas tendrán precios asequibles y no se especulará con ellos. También, pide la creación de fondos de investigación independiente que aseguren una investigación desligada de los intereses de la industria farmacéutica.
El documento recoge, además, medidas orientadas a avanzar en la transparencia de los procesos de aprobación y financiación de los medicamentos; de las relaciones entre Gobierno e instituciones públicas con la industria farmacéutica; de los procesos de fijación de precios de los medicamentos; y de los ensayos clínicos. Para estos últimos, en concreto, reclama más información sobre sus resultados y un cálculo, que no existe hoy en día, sobre la aportación pública que realizan los hospitales cuando ponen sus recursos (instalaciones, personal, infraestructuras, etc.) al servicio de los ensayos clínicos de las compañías.
Más allá de pandemias y situaciones de emergencia estos principios deberían ser la guía en la construcción de un nuevo modelo de investigación y desarrollo de medicamentos global, accesible y sostenible.