El proceso ante malos tratos es el siguiente: cuando una mujer acude a denunciar, se le debe asignar ya en ese momento un abogado –si es que no lo tiene–; el presunto agresor es detenido para evitar la reiteración delictiva; la víctima recibe atención médica, psicológica y social; la policía toma declaración a ambos y se les cita a declarar ante el juez, siempre en las 72 horas siguientes a la denuncia. Cuando el denunciado está de acuerdo con los hechos y la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, el magistrado dicta sentencia. Si es la primera vez que el agresor es condenado, no llegará a entrar en prisión, por lo que muchas sentencias van acompañadas de medidas de alejamiento y, en ocasiones, también de la orden de protección para la mujer. La ley establece que, en estos casos –cuando hay conformidad del denunciado– la pena se rebaje en un tercio. Cuando no hay acuerdo, el caso se juzga por lo penal en el plazo máximo de un mes (el tiempo puede ser mayor, según la saturación de los juzgados). Como el presunto agresor sale a la calle, si hay indicios de un posible peligro para la mujer, el juez dicta, según sea necesario en cada caso, medidas sobre alejamiento y orden de protección.
Además, se aprobaron la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y del Observatorio de la Mujer, dos iniciativas también contempladas en la ley. Estos organismos están adscritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La Delegación se ocupará de diseñar políticas y acciones públicas en relación con la violencia de género, mientras que el Observatorio realiza informes, estudios y propuestas en el mismo sentido.
La Delegación Especial contra la Violencia sobre la Mujer está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses tutelados por la ley integral en colaboración con las administraciones públicas con competencias en la materia. Asimismo, el titular de esta Delegación podrá ejercitar la acción de cese y rectificación de la publicidad ilícita, por utilizar de forma vejatoria la imagen de la mujer.
Un Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado y un acuerdo marco con el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer son otras iniciativas que han obtenido el apoyo del Ejecutivo. Se pedirá al Consejo de Estado que emita un dictamen sobre la reforma de la Constitución en cuatro puntos: igualdad del hombre y la mujer en la sucesión en la Jefatura del Estado, denominación oficial de las comunidades autónomas, mención a la Constitución Europea y reforma del Senado.
Además, de estas medidas el Gobierno impulsó un servicio de teleasistencia para las víctimas de violencia de género. Se trata de un programa concebido a través de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Todas las víctimas con orden de protección pueden solicitar este programa gratuito que, a través de un teléfono móvil con GPS, permite la protección y localización de las mujeres víctimas de la violencia de género durante las 24 horas del día. Las mujeres pueden solicitar el programa en los Servicios Sociales de sus ayuntamientos.
Este servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización. Permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto durante las 24 horas del día con un centro de atención específicamente preparado para dar una respuesta adecuada, tanto de seguridad como de atención psicológica y social. El objetivo es transmitir a las mujeres con orden de protección que no están solas, y hacerlo de forma cálida y cercana.
El sistema consta de un aparato (similar a un teléfono móvil) con GPS a través del cual el centro de atención conocerá la situación de la víctima de violencia de género. El contacto con el centro de atención puede establecerse en todo momento y desde cualquier lugar, tan sólo apretando un botón y en la modalidad de "manos libres". Cuando se produce una situación de emergencia, el centro avisa inmediatamente a las autoridades policiales y a los servicios sociales más cercanos a la víctima.
