Lo primero que la persona ha de hacer es valorar hasta dónde puede llegar en el ejercicio físico y, si le resulta difícil hacerlo, consultar a su médico para que valore qué tipo de actividad le viene mejor. Seguramente habrá algún tipo de actividad adaptada que le sea posible realizar y que afectará muy positivamente a su salud.
La concesión de la tarjeta corresponde al Ayuntamiento donde resida la persona interesada, de ahí la necesidad de dirigirse al mismo para informarse acerca de los trámites que han de seguirse al efecto. No obstante, con carácter general, puede señalarse que el expediente se iniciará, a solicitud de la persona interesada o de su representante legal, mediante el impreso normalizado que, una vez cumplimentado, presentará en dicho Ayuntamiento acompañando la documentación acreditativa correspondiente (grado de discapacidad y movilidad reducida, principalmente).
Este certificado es el reconocimiento administrativo de la discapacidad y su propósito es compensar las desventajas sociales que la discapacidad implica, proporcionando el acceso a derechos y prestaciones de distinto tipo con vistas a equiparar oportunidades.
Con carácter general, es el Departamento de Asuntos Sociales de cada comunidad autónoma el que otorga dicho certificado. No obstante, serán los Directores provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) los que tengan atribuida esta competencia en el caso de Ceuta y Melilla y de los residentes en el extranjero.
En principio nadie está obligado a declarar sobre su estado de salud a la hora de buscar empleo. No existe una obligación legal expresa de que el trabajador comunique al empresario la existencia de una discapacidad, aunque el respeto que se presupone en la relación laboral pudiera aconsejarlo. Aún así, es una decisión personal.
