Según las conclusiones extraídas de la Conferencia Internacional sobre "Educación inclusiva como vía para favorecer la cohesión social", celebrada en Madrid en 2010, la educación inclusiva, como derecho universal, requiere de políticas tendentes a que todos los ciudadanos reciban una educación de calidad, con equidad y excelencia".
Igualmente, ha de garantizar la disposición de los recursos necesarios (económicos, humanos, didácticos, técnicos y tecnológicos) para que los centros ofrezcan respuestas que conduzcan al éxito de todo el alumnado, con independencia de sus condiciones personales, sociales, económicas, culturales, geográficas, étnicas o de otra índole.
En esta conferencia, a la que asistieron representantes de las comunidades autónomas españolas, de los países europeos, de Iberoamérica y de la sociedad civil, se recordó que se habían realizado grandes avances en educación tanto en el terreno conceptual como en el legislativo y en la aplicación práctica que iban conduciendo hacia el logro de una educación inclusiva. Destaca la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de manera especial el artículo 24 sobre educación. No obstante, se reconoció que la educación inclusiva sigue siendo una meta a conseguir.
La conferencia prestó especial atención tanto a los avances como a los retos sobre todo en la enseñanza secundaria, la formación profesional y la educación superior.
Propuestas
Entre todas las propuestas recogidas, destacan las siguientes:
- La educación inclusiva, centrada en la persona, beneficia a todos los estudiantes que tengan necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad o de otra circunstancia, ya que les prepara para vivir y trabajar en una sociedad plural.
- Hace falta voluntad política y determinación de todas las partes implicadas para promover cambios profundos y sistemáticos; es decir, aportar visión, conocimientos, competencias y marco legal para hacer realidad una educación inclusiva de calidad con equidad y excelencia en entornos ordinarios en todas las enseñanzas del sistema educativo. La sociedad en su totalidad tiene que implicarse y participar en este cambio educativo.
- Es necesario establecer sistemas de recogida y análisis de información que permitan hacer un seguimiento de las políticas y buenas prácticas inclusivas con indicadores que permitan identificar los factores que generan exclusión y los que favorecen la inclusión.
- Hay que apoyar la trasformación de los centros para avanzar hacia la realización del derecho a la educación para todas y todos. Esto requiere sistemas educativos flexibles, respetar la diversidad como un valor, eliminar todo tipo de barreras, proporcionar apoyos tanto a los centros como a los docentes, fomentar el trabajo en equipo de los profesionales de los centros, potenciar el liderazgo de los equipo directivos, favorecer las condiciones de convivencia y promover la colaboración entre alumnos, padres, profesores y sociedad civil.
- Es necesario facilitar el tránsito entre las diferentes etapas educativas y el de éstas al mundo laboral. Se debe facilitar una educación inclusiva desde el inicio de la escolaridad, privilegiando la detección y atención tempranas.
- Es necesaria la formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles educativos para atender a la diversidad de las necesidades del alumnado y desempeñar adecuadamente su tarea en el marco de la educación inclusiva, siendo un factor clave para llevar ésta a cabo.
- La inclusión en la educación superior se considera igual de necesaria que en los otros niveles educativos. Es necesario facilitar el acceso a la universidad para que exista una mayor presencia del alumnado que presenta discapacidad o se encuentra en situación desfavorable derivada de cualquier factor, así como contar con los servicios de apoyo especializados que actúen como intermediarios entre los alumnos y sus tutores.
- Las medidas que se adoptan en la práctica educativa inclusiva benefician a todo el alumnado.
